El reciente caso del jefe de MBIE, Nic Blakeley, y la incertidumbre sobre su puesto de trabajo, ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar el abanico de posibles sanciones para los altos cargos de la administración pública en Nueva Zelanda. Así lo señaló el Comisionado del Servicio Público. La situación ha impulsado una revisión de los mecanismos de responsabilidad para los Directores Ejecutivos del sector público. Se espera que en el futuro estos cargos estén sujetos a pagos basados en su rendimiento profesional. Además, se contemplan sanciones más severas en caso de no cumplir con los objetivos establecidos. Esta medida busca mejorar la eficiencia y la gestión en las instituciones gubernamentales de Nueva Zelanda. La revisión busca asegurar una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.