Un reciente reportaje expuso que el Estado podría obtener $2,7 billones a través de cinco segundas concesiones de carreteras con peaje. Esto ha generado controversia sobre el uso de los fondos provenientes del sistema TAG y la función de los peajes una vez finalizadas las concesiones originales. Expertos están analizando el mecanismo y las diferencias con el modelo de concesión inicial. La principal inquietud reside en si estos cobros adicionales constituyen una forma de “impuesto encubierto” para los usuarios. Se debate el destino de los recursos y la transparencia del sistema. El análisis busca clarificar cómo operan estas segundas concesiones y su impacto en la economía y en los conductores. Se espera mayor información sobre el uso de estos fondos públicos.