El Colegio de Profesores ha denunciado un aumento de jubilaciones forzosas, extendiéndose a personal no docente y administrativo. Esta política, según el gremio, es impulsada por el Ministerio de Educación. La preocupación central radica en el reemplazo de profesionales con experiencia por personal sin la debida formación pedagógica. Se considera que estas medidas impactan negativamente en la calidad de la educación. La denuncia señala que estas jubilaciones no responden a criterios de edad o mérito, sino a una reestructuración administrativa. El gremio exige una revisión de esta política y un diálogo con las autoridades educativas para garantizar la estabilidad laboral y la calidad del servicio. Se teme una precarización del sistema educativo debido a la falta de personal cualificado.