La ONU reafirmó su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) considerándola un pilar de la justicia penal internacional, aunque reconoció su independencia de la organización. Esta declaración surge tras la reciente imposición de sanciones estadounidenses contra Abdoulaye Seye, un funcionario de la CPI, elevando a nueve el número de miembros de la corte sancionados por Washington. La CPI denunció estas sanciones como un ataque directo a su independencia judicial y un socavamiento del estado de derecho. Las medidas estadounidenses, que también afectan a dos fiscales adjuntos, un ex-fiscal y un miembro del personal, podrían afectar la capacidad de las víctimas de obtener justicia. La decisión de EEUU se produce en un momento en que la CPI investiga presuntos crímenes internacionales, incluyendo la situación en Gaza. Washington, al igual que Israel, no reconoce la jurisdicción de la CPI y ha criticado duramente a la corte, acusándola de corrupción y politización.