La administración del presidente estadounidense Donald Trump está intensificando sus esfuerzos para revocar la ciudadanía de personas naturalizadas, llevando a cabo el programa de denaturalización más grande en décadas. El Departamento de Justicia (DOJ) es el encargado de esta iniciativa, enfocándose en revocar la ciudadanía a un número significativo de individuos. Esta operación sin precedentes busca identificar y deportar a ciudadanos naturalizados basándose en posibles errores u omisiones en sus solicitudes originales. Los críticos advierten que esta medida genera miedo en las comunidades de inmigrantes y podría afectar a miles de personas que legítimamente obtuvieron la ciudadanía estadounidense. La amplitud de esta operación y su enfoque agresivo la distinguen de esfuerzos anteriores de denaturalización. Se teme que este sea un intento de restringir el acceso a la ciudadanía y reforzar las políticas de inmigración más estrictas de la administración Trump. La magnitud de la revocación de ciudadanías supera con creces cualquier intento previo en la historia de Estados Unidos.