El Tribunal Supremo de España ha mantenido la suspensión del derecho al voto para 163.020 ciudadanos nacionalizados a través de la llamada ‘ley de nietos’. Los afectados disponen de un plazo de cinco días hábiles para personarse legalmente, es decir, contratar abogado y procurador, con el objetivo de defender su derecho al voto ante los tribunales. Sin embargo, el Supremo enfrenta dificultades para notificar individualmente a todos los afectados, por lo que la notificación se realizará a través de la publicación de las resoluciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los tablones judiciales. Esta decisión prolonga la incertidumbre sobre la participación electoral de estos ciudadanos, cuya nacionalidad fue concedida por origen. La suspensión se produce en el contexto de un debate legal sobre la interpretación de los requisitos para ejercer el derecho al voto en España. El tribunal solicita a los afectados que estén atentos a estas publicaciones para poder ejercer sus derechos de defensa.