El Departamento de Empleo y Trabajo de Sudáfrica planea imponer multas de hasta 100.000 rands por cada trabajador indocumentado empleado. Esta medida forma parte de una intensificación de los controles sobre el cumplimiento de las leyes de empleo e inmigración. Para llevar a cabo esta política, el departamento tiene previsto contratar a 10.000 inspectores de trabajo adicionales. El objetivo principal es combatir la contratación ilegal de personal y las violaciones de las normativas migratorias. Las sanciones económicas buscan disuadir a los empleadores de contratar trabajadores sin la documentación adecuada. La iniciativa representa un endurecimiento de las políticas laborales y de inmigración en el país. Se espera que los nuevos inspectores se dediquen a verificar el estatus legal de los empleados en diversas empresas.