Dos nuevos estudios del Centro de Investigación y Datos Científicos (WODC) revelan que los sospechosos con baja educación, desempleados o con situaciones de vivienda inestables tienden a recibir penas más duras en el sistema judicial. Las diferencias en las decisiones tomadas por la policía, la fiscalía y los jueces se acumulan, resultando en disparidades significativas en las sentencias finales. Los sospechosos con una mejor posición socioeconómica a menudo ven sus casos resueltos fuera de los tribunales, mediante multas o trabajos comunitarios, mientras que aquellos en situaciones vulnerables son más propensos a ser juzgados. El momento en que se resuelve un caso – ya sea por la policía, la fiscalía o un juez – también influye en la severidad de la pena. El WODC concluye que este patrón conduce a resultados sistemáticamente desfavorables para los sospechosos con una posición socioeconómica más débil. El empleo y el nivel educativo parecen ser factores clave en estas disparidades, con aquellos que trabajan o tienen educación recibiendo sentencias más leves. La investigación también indica que el origen migratorio juega un papel menor en comparación con estos factores socioeconómicos.