Más de un año después de las protestas del 15 de marzo, las autoridades serbias han reabierto la investigación sobre el denominado "cañón de sonido". Este caso, que involucra acusaciones sobre el uso de un dispositivo de sonido para influir en la opinión pública, parece haber sido reactivado para desviar la atención de otros asuntos. La reapertura se produce en un contexto de críticas persistentes sobre la gestión gubernamental y la respuesta a las demandas de los manifestantes. Observadores sugieren que esta medida podría ser un intento de controlar la narrativa y minimizar la presión pública. El caso original generó controversia por la posible violación de derechos y libertades civiles. La oposición denuncia que se trata de una táctica dilatoria para evitar abordar problemas más importantes. La investigación se centra en determinar si el dispositivo fue utilizado y con qué fines.