Tres organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido sobre posibles interferencias en el poder judicial. Sorprendentemente, estas mismas organizaciones decidieron no participar en una discusión organizada por el parlamento sobre las alegaciones de presión a los jueces del Tribunal Supremo. La ausencia de estas voces críticas ha generado controversia y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso legislativo. Las organizaciones argumentan que el debate parlamentario carece de garantías de independencia y objetividad. Consideran que su participación podría legitimar un proceso que, a su juicio, no aborda adecuadamente las preocupaciones planteadas. La decisión subraya la creciente tensión entre el poder legislativo y las organizaciones de defensa de los derechos humanos en relación con la independencia judicial. Se teme que estas presiones puedan socavar el estado de derecho.