Un exempleado público jubilado ganó una demanda contra el Estado por el pago de 1.939 horas extras no reconocidas. La Sala Segunda de la Corte respaldó el reclamo, a pesar de la ausencia de una orden previa que autorizara dichas horas. El fallo se basó en pruebas presentadas que demostraron la realización efectiva del trabajo adicional. Según la Corte, la falta de autorización previa no invalida el derecho del empleado a ser compensado por las horas trabajadas. Este precedente podría sentar un precedente importante para casos similares en el futuro. La decisión judicial obliga al Estado a pagar las horas extras reclamadas al exempleado.