El gobierno canadiense implementó silenciosamente un límite anual de 10 horas para las sesiones de salud mental destinadas a solicitantes de asilo y refugiados, coincidiendo con la introducción de copagos para beneficios de salud suplementarios. Esta medida, que entró en vigor esta primavera, ha generado preocupación entre los profesionales de la salud mental. Estos expertos han estado presionando al gobierno para que revierta la política, argumentando que diez horas es un tiempo insuficiente para abordar las necesidades psicológicas de esta población vulnerable. Hasta el momento, sus esfuerzos han tenido un éxito limitado. La restricción en el acceso a la terapia mental plantea interrogantes sobre el apoyo integral que se brinda a quienes buscan protección en Canadá. La situación ha provocado un debate sobre el impacto de las políticas de salud en la población refugiada y solicitante de asilo.