El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado una propuesta incluida en el proyecto de crédito suplementario para el año 2026. Esta medida establece que las negociaciones colectivas descentralizadas en el sector público solo podrán acordar beneficios económicos de carácter temporal. De implementarse, los aumentos salariales negociados tendrían una "fecha de vencimiento", evitando que se conviertan en derechos permanentes. Ante este escenario, los sindicatos han manifestado su rechazo a la iniciativa gubernamental. Las organizaciones gremiales advierten que esta medida desnaturaliza el derecho ya adquirido bajo la Ley 31188. El conflicto se centra en la tensión entre la sostenibilidad fiscal del Estado y las conquistas laborales de los trabajadores públicos. Actualmente, se espera que la propuesta sea evaluada en el marco de la planificación presupuestaria.