La falta de una clara delimitación de poderes, responsabilidades y rendición de cuentas entre el gobierno central y los gobiernos locales representa un desafío persistente para el sistema de administración local. Esta ambigüedad impide un desarrollo efectivo y una gobernanza eficiente a nivel comunitario. La ausencia de una estructura definida genera conflictos de competencia y dificulta la implementación de políticas públicas a nivel local. Expertos señalan que la descentralización completa, con una distribución equitativa de recursos y autoridad, es crucial para el progreso. Resolver esta problemática es fundamental para fortalecer la autonomía local y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La planificación del desarrollo se ve obstaculizada por esta incertidumbre institucional. Se requiere un marco legal y administrativo que defina con precisión las funciones de cada nivel de gobierno.
