La Corte Suprema de Pakistán ordenó al superintendente de la cárcel de Adiala, al secretario de Interior de Punjab, al abogado general de Islamabad y al abogado general de Punjab que presenten sus respuestas en un plazo de tres semanas. La medida responde a una petición presentada por el secretario general de PTI, Salman Akram Raja, quien impugnó el rechazo por parte del Tribunal Superior de Islamabad (IHC) de una moción de desprecio. Esta moción buscaba garantizar el cumplimiento de las directivas judiciales relativas a los derechos de visita del equipo legal de Imran Khan, fundador de PTI, en la cárcel de Adiala. El tribunal superior había basado su decisión en las declaraciones del superintendente de la cárcel sobre el supuesto cumplimiento de las órdenes anteriores. La petición argumenta que el IHC no solicitó pruebas documentales ni verificó la implementación de los procedimientos estándar para las visitas al ex primer ministro. Se alega una posible vulneración de la jurisdicción constitucional y se destaca una sentencia previa del IHC que establecía claramente los derechos de visita del líder de PTI.