El debate sobre el "No Tav", la oposición a la línea ferroviaria de alta velocidad en Italia, reaviva la discusión sobre los límites del disenso en una democracia. El artículo subraya que toda manifestación de disidencia, incluso la más radical, es legítima, siempre y cuando no recurra a la violencia. Se argumenta que la indulgencia hacia comportamientos ilegales, especialmente aquellos que buscan desestabilizar instituciones democráticas, puede causar daños significativos. La legitimidad de la protesta reside en su derecho a existir y a expresar desacuerdo con las políticas gubernamentales. Sin embargo, este derecho no es absoluto y debe ejercerse dentro de los límites de la ley. La violencia, en cualquier forma, representa una línea roja que invalida la legitimidad de cualquier protesta. El autor insta a una reflexión sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la defensa del orden democrático.