Un convenio que permite el uso de vehículos para patrullaje por parte de militares ha generado controversia en el país. El ministro del Interior defendió el acuerdo, indicando que los militares que conduzcan los vehículos podrán portar armas, amparándose en su derecho a la autodefensa. La principal crítica se centra en la falta de un estudio previo exhaustivo sobre la necesidad y el impacto de esta medida. Opositores argumentan que el convenio podría implicar una militarización innecesaria de la seguridad pública. Se cuestiona también la justificación del uso de vehículos para esta tarea, sugiriendo que existen otras prioridades en materia de seguridad. El gobierno insiste en que el objetivo es reforzar la presencia policial en las calles y mejorar la capacidad de respuesta ante el crimen. La discusión se centra en el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a las funciones civiles de las fuerzas del orden.