El Gobierno de Javier Milei defendió su criterio para decidir la continuidad de jueces que alcanzan los 75 años, argumentando la "discrecionalidad" del Presidente. Esta facultad permite a Milei optar por no hacer lugar a la jubilación de algunos magistrados, como Carlos Mahiques y Víctor Pesino, mientras que otros, como Horacio Irurzun, sí se jubilarán. Funcionarios reconocen que esta prerrogativa presidencial es la base para las decisiones tomadas. La justificación oficial se centra en que el Presidente tiene la potestad de evaluar cada caso individualmente. Esta política ha generado debate sobre la independencia judicial y el impacto de las decisiones presidenciales en el Poder Judicial. Se espera que esta práctica continúe siendo aplicada en futuros casos de jueces próximos a la edad de jubilación.