El presidente israelí, Isaac Herzog, solicitó a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que explorara alternativas al encarcelamiento de desertores militares, específicamente sanciones económicas. La fiscal general, sin embargo, respondió al presidente indicándole que esta decisión recaía en el gobierno y no continuó con la consulta. Herzog planteó esta alternativa en un intento por evitar el encarcelamiento de soldados que se han negado a servir en el ejército. La respuesta de Baharav-Miara ha generado incertidumbre sobre el futuro de estos desertores y las posibles repercusiones legales. La situación pone de manifiesto una tensión entre el poder ejecutivo y la fiscalía en relación con el manejo de la deserción militar. Hasta el momento, no se han tomado medidas adicionales sobre el tema.