La Comisión de Derechos Humanos de la Unión Parlamentaria Internacional (UPI) ha abierto un caso relacionado con la diputada E. Bolormaa del parlamento de Mongolia. Este caso es inusual, ya que la UPI raramente interviene en asuntos relacionados con miembros parlamentarios individuales de Mongolia. La comisión expresó su preocupación por el proceso penal iniciado contra la diputada, que podría acarrearle una pena de prisión de uno a cinco años, a pesar de que inicialmente se consideró una infracción administrativa. La UPI solicitó a las autoridades competentes que levanten la prohibición de viaje impuesta a Bolormaa. El caso se basa en denuncias de intimidación, coacción, violaciones del debido proceso legal durante la investigación, y restricciones a la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y el derecho a la libre circulación. La comisión también considera que se ha violado la inviolabilidad parlamentaria y se ha obstaculizado el ejercicio de las competencias del parlamento. Se ha recomendado que la decisión sea aprobada por el Consejo Directivo de la UPI.