Treinta y siete organizaciones indonesias han expresado su rechazo a la solicitud del Consejo de Ulema Indonésio (MUI) de criminalizar a personas LGBTQ+ y a quienes las apoyan. El MUI ha instado al gobierno y al poder legislativo a crear regulaciones específicas para perseguir penalmente a quienes participan o promueven la homosexualidad. Las organizaciones opositores argumentan que tales regulaciones violarían los derechos humanos fundamentales y la libertad de expresión. Denuncian la discriminación y la estigmatización que ya enfrenta la comunidad LGBTQ+ en Indonesia. Subrayan la importancia de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Las organizaciones han pedido al gobierno que ignore las demandas del MUI y que en su lugar promueva la inclusión y la igualdad. La controversia refleja las tensiones sociales y religiosas en torno a los derechos LGBTQ+ en Indonesia.