La privación de libertad, a través de la pena de prisión, debe tener como fin último la rehabilitación y la reinserción social del individuo. La verdadera finalidad de las cárceles no es castigar con la muerte, sino ofrecer una oportunidad de enmienda. Bajo ninguna circunstancia, una sentencia de prisión puede traducirse en un ambiente de violencia, tortura o abandono. Negligencia o abusos dentro del sistema penitenciario son una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales del recluso. El Estado tiene la obligación ineludible de garantizar la integridad física y moral de las personas privadas de libertad. Una condena a prisión no debe, en definitiva, convertirse en una pena capital encubierta. El respeto a la dignidad humana debe prevalecer incluso en el contexto de la ejecución de una sentencia.