Las construcciones y ampliaciones realizadas ilegalmente en áreas protegidas enfrentan un futuro incierto en cuanto a su legalización. A pesar de la existencia de leyes estrictas que prohíben estas prácticas, existe una alta probabilidad de que los constructores obtengan una amnistía tácita. Alternativamente, se arriesgan a la demolición de sus edificaciones y a la pérdida de los derechos sobre el terreno. La situación revela una ambigüedad en la aplicación de la normativa vigente. Esta falta de claridad genera inseguridad jurídica tanto para los infractores como para los ciudadanos que respetan la ley. Las autoridades se enfrentan al desafío de equilibrar la necesidad de hacer cumplir la ley con la realidad de construcciones ya existentes. La resolución de este problema podría implicar una revisión de las políticas de planificación urbana y construcción.