Una nueva propuesta legislativa en Hungría, liderada por Tisza, podría eliminar las fundaciones gestoras de patrimonio público, un requisito clave para acceder a fondos europeos. El gobierno húngaro debe regular la situación de estas fundaciones para cumplir con las exigencias de la Unión Europea. La propuesta de ley, en lugar de regularizar, busca su disolución. Esta medida podría complicar significativamente la obtención de recursos de la UE destinados a Hungría. La oposición critica la ley, argumentando que pone en riesgo la financiación europea. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la gestión de activos públicos en el país y su relación con las políticas de la UE. Se espera un debate intenso en el parlamento húngaro sobre esta controvertida legislación.