El gobierno húngaro ha reorganizado las remuneraciones de los miembros de las juntas directivas y de supervisión de las empresas estatales. Las compañías se clasifican en tres categorías, que determinan el nivel de compensación. A pesar de existir un máximo establecido para los salarios base, el gobierno se reserva el derecho de autorizar pagos superiores a este límite si lo considera necesario. Esta reforma busca optimizar y estandarizar los ingresos de los directivos en el sector público. La medida implica una revisión completa de la política salarial en las empresas con participación estatal. Se espera que esta regulación promueva una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de estas compañías. El nuevo sistema busca equilibrar la remuneración con el desempeño y la importancia estratégica de cada empresa.