Grecia ha implementado medidas más estrictas que el reciente pacto migratorio de la Unión Europea, enfocándose en la rápida expulsión de solicitantes de asilo rechazados. Bajo la nueva legislación, aquellos a quienes se niega el asilo deben abandonar el país en un plazo de dos semanas, de lo contrario, se les considera ilegales y pueden ser detenidos. A diferencia del pacto europeo, Grecia permite cargos penales por cruce de fronteras ilegal y estancia irregular, con penas de hasta cinco años de prisión. Desde septiembre, cientos de personas han sido arrestadas bajo estas nuevas reglas, incluyendo redadas policiales en centros de acogida como el de Lesbos. Testimonios de solicitantes de asilo, como un hombre senegalés, expresan temor a la detención tras la denegación de su solicitud. Organizaciones de ayuda humanitaria reportan un aumento significativo de problemas de salud mental, incluyendo traumas y ataques de pánico, entre los migrantes debido a la incertidumbre y el miedo a ser encarcelados. La medida busca disuadir la inmigración irregular y agilizar los procesos de deportación.