La Corte Suprema de Ghana dictaminó unánimemente que la Oficina del Fiscal Especial (OSP) tiene la autoridad legal para investigar y enjuiciar delitos relacionados con la corrupción de forma independiente. Sin embargo, la Corte también determinó que el Fiscal General (AG) conserva el poder constitucional de interrumpir dichas acusaciones mediante la entrada de un *nolle prosequi*. Esta decisión aclara la relación entre las dos oficinas y sus respectivas jurisdicciones en la lucha contra la corrupción. El fallo establece que la independencia del OSP en las investigaciones y acusaciones es fundamental. No obstante, reconoce la prerrogativa constitucional del Fiscal General de asumir el control de los casos y evitar su continuación. La Corte enfatizó que el AG puede ejercer este poder por razones de interés público. El veredicto busca equilibrar la autonomía del OSP con la supervisión del Fiscal General en el sistema de justicia penal de Ghana.