El gobierno checo acusa al Tribunal Constitucional de activismo judicial tras ordenar su participación en asegurar la asistencia del presidente Petr Pavel a la cumbre de la OTAN en Ankara. El ministro de justicia, Jeroným Tejc, calificó la decisión del tribunal como un precedente sin precedentes y una extralimitación de sus poderes. En respuesta, el gobierno ha solicitado la recusación del juez Pavel Šámal, quien está a cargo de informar sobre el caso. Esta solicitud busca excluir a Šámal del resto del proceso judicial. El juez Šámal no ha emitido comentarios sobre la acusación. La situación ha generado tensiones entre el poder ejecutivo y judicial en la República Checa.