Un tribunal superior en Mpumalanga ha ordenado el desalojo de una mujer de una vivienda RDP (Programa de Vivienda y Desarrollo) a pesar de una declaración jurada que demostraba la venta del inmueble a sus padres. La decisión judicial enfatiza que la escritura de propiedad registrada es la prueba definitiva de la titularidad legal. El tribunal dictaminó que el propietario registrado tiene derecho a ocupar y controlar la propiedad, incluso si existen otros documentos que sugieran una transacción previa. La mujer, quien residía en la vivienda, deberá abandonarla a pesar de la declaración jurada presentada. Este caso subraya la importancia de la formalización de las transacciones inmobiliarias y la primacía de los registros oficiales. La sentencia reafirma los derechos del propietario legalmente reconocido en Sudáfrica. El fallo podría tener implicaciones para otros casos similares relacionados con la propiedad de viviendas RDP.