El actual marco normativo de la administración pública, heredado de la era del papel, está obstaculizando la digitalización de los servicios. Esta rigidez regulatoria impide que la gestión pública evolucione al ritmo de las nuevas tecnologías. En el contexto actual, marcado por el auge de la inteligencia artificial, resulta imperativo modernizar las leyes vigentes. Uno de los puntos críticos a revisar es la definición de la responsabilidad oficial de los funcionarios. Una actualización de este concepto permitiría una transición más fluida hacia procesos automatizados. El objetivo es eliminar los cuellos de botella administrativos que ralentizan la eficiencia del Estado. De este modo, se busca adaptar la gobernanza a las exigencias de la era digital.