A partir del miércoles 21 de octubre de 2026, los trabajadores que participen en la huelga general de tres días podrían enfrentar consecuencias financieras y disciplinarias. El ministerio de la Función Pública, del Trabajo y de la Reforma del Servicio Público considera que la huelga es ilícita debido al incumplimiento de los procedimientos legales. Los empleadores tienen derecho a deducir de los salarios los días no trabajados, lo que resultaría en una disminución de la remuneración para los días 21, 22 y 23 de octubre. Además de las pérdidas económicas, los huelguistas podrían enfrentar sanciones disciplinarias, incluyendo la pérdida de derechos a indemnizaciones y daños y perjuicios en caso de rescisión del contrato laboral. El ministerio justifica su postura argumentando que el preaviso de huelga no cumple con los requisitos legales específicos de cada sector, como la conciliación previa en el sector privado y un preaviso de un mes para los funcionarios públicos. El sector de la Educación y de la Formación también está afectado, sin haber presentado un nuevo preaviso escrito desde abril de 2026. El gobierno pide a los sindicatos que renuncien a la huelga, especialmente en vísperas de los Juegos Olímpicos de la Juventud, programados a partir del 31 de octubre.