Un plan gubernamental propone reducir las prestaciones sociales para personas capaces de trabajar sin experiencia laboral previa. Inicialmente, se asumió que esta medida afectaría principalmente a los solicitantes de asilo. Sin embargo, datos recientes sugieren que un número significativo de ciudadanos nativos y residentes de larga duración también podrían verse afectados por estos recortes. La propuesta busca incentivar la integración laboral, pero genera debate sobre su impacto real y equidad. Las cifras contradicen la idea de que la medida se aplicaría casi exclusivamente a refugiados. Expertos advierten que la falta de experiencia laboral es un problema extendido en diversos grupos de la población. El gobierno aún no ha detallado los criterios específicos de aplicación de la reducción de ayudas.