Una revisión confidencial, entregada a los ministros hace casi un año, recomienda que el Tribunal de Waitangi mantenga sus poderes esenciales. El gabinete aún no ha anunciado una respuesta formal a este informe. La demora en la decisión ha generado interrogantes sobre el compromiso del gobierno con los principios del Tratado de Waitangi. La revisión evaluó el mandato y la eficacia del tribunal, encargado de resolver reclamos relacionados con violaciones al tratado fundacional de Nueva Zelanda. Se esperaba que el informe guiara futuras políticas y legislación sobre asuntos Māori. La falta de una declaración pública alimenta la especulación sobre posibles desacuerdos dentro del gobierno con respecto a la autonomía del tribunal. Este retraso ha sido criticado por defensores de los derechos Māori, quienes temen una erosión de las protecciones cruciales para sus comunidades.