Usuarios en redes sociales denuncian que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Forenses (Cicpc) ha politizado el caso de "Topo", un rescatista de La Guaira. Se acusa a las autoridades de intentar desacreditar al voluntario debido a sus críticas públicas sobre la gestión de los rescates tras los recientes terremotos. Estas críticas se habían viralizado, poniendo en evidencia posibles fallas en la respuesta a la emergencia. El Cicpc le ha impuesto a "Topo" un régimen de presentación, medida que sus detractores consideran una forma de intimidación y censura. La situación ha generado controversia y debate sobre la libertad de expresión y la independencia de las instituciones en Venezuela. Se teme que el caso siente un precedente para silenciar a quienes critiquen la gestión gubernamental en situaciones de crisis.