Estados Unidos anunció sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y un abogado senegalés del equipo de fiscales. La medida se produce después de que la CPI emitiera una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Japón ha criticado duramente las sanciones estadounidenses, calificándolas de "infortunadas" y expresando su preocupación por la independencia de la CPI. El gobierno japonés enfatizó la importancia del estado de derecho y la aplicación imparcial de la justicia internacional. Estas sanciones complican aún más las ya tensas relaciones entre Estados Unidos e Israel por un lado, y la CPI por el otro. La CPI investiga posibles crímenes de guerra cometidos en territorio palestino.