Estados Unidos ha anunciado la imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), una medida que ha provocado una condena generalizada. La CPI ha calificado las sanciones como un “ataque al estado de derecho”, expresando su profunda preocupación por las implicaciones para la justicia internacional. Varios estados miembros del tribunal, incluyendo el Reino Unido, han manifestado su fuerte desacuerdo con las sanciones impuestas. Esta acción se produce en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y la CPI, especialmente en relación con investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses o en territorios donde Estados Unidos tiene intereses. Las sanciones restringen los activos y las visas de ciertos funcionarios de la CPI, dificultando su capacidad para llevar a cabo investigaciones independientes. La medida ha generado debates sobre la soberanía nacional y el papel de la CPI en la búsqueda de responsabilidad por los crímenes más graves a nivel mundial.