Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de una campaña para desafiar su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. Las sanciones representan una escalada en la oposición de Washington a la CPI, especialmente en relación con posibles investigaciones sobre acciones de militares y funcionarios estadounidenses en conflictos como Afganistán. El gobierno estadounidense considera que la corte no tiene autoridad sobre sus nacionales, ya que Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la CPI. Esta acción busca, según críticos, desmantelar la CPI y obstaculizar sus esfuerzos por investigar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La medida ha generado condena internacional y preocupaciones sobre el impacto en el sistema de justicia internacional. La CPI ha defendido su independencia e imparcialidad, reafirmando su mandato para investigar crímenes graves dondequiera que ocurran.