La administración del entonces presidente Donald Trump implementó un programa que involucraba a la policía estadounidense en labores de control de inmigración. Según informes, se pagó a un destacamento de policía 2 millones de dólares por cada detención exitosa de inmigrantes. Esta práctica ha generado acusaciones de corrupción y abuso de poder por parte de las autoridades. El programa incentivaba económicamente a las fuerzas del orden a participar activamente en la detención de personas en situación irregular. Las denuncias sugieren que los incentivos financieros pudieron haber llevado a prácticas cuestionables por parte de los agentes del orden en los Estados Unidos. La iniciativa ha sido objeto de controversia debido a sus posibles implicaciones para los derechos humanos y la integridad de las fuerzas policiales estadounidenses.