Un tribunal de apelaciones en EE. UU. ha dictaminado que la administración Trump actuó ilegalmente al compartir masivamente información fiscal personal con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta decisión se refiere a la transferencia de datos utilizada para agilizar las operaciones de deportación. El tribunal consideró que la divulgación de esta información violaba las protecciones legales existentes. La administración Trump había solicitado estos datos fiscales para identificar inmigrantes que pudieran ser objeto de deportación. Analistas legales señalan que esta resolución representa un importante revés para las políticas de inmigración más restrictivas del gobierno anterior. Se espera que la decisión genere un debate más amplio sobre la privacidad de los datos y los límites del poder ejecutivo en materia de cumplimiento de la ley migratoria en los EE. UU.