Abogados y miembros del parlamento en Uganda han expresado dudas sobre la legalidad de la decisión de la ministra de Tierras, Judith Nabakooba, de suspender la emisión de certificados especiales de título por tres meses. Argumentan que una directiva administrativa no puede anular un proceso establecido por la ley vigente. La suspensión, anunciada el 14 de agosto, ha generado controversia entre los profesionales del derecho y legisladores. Consideran que la medida de Nabakooba podría ser una extralimitación de sus funciones y una violación del debido proceso legal en la adjudicación de títulos de propiedad. Se espera que se inicie un debate legal para determinar la validez de la suspensión y su impacto en el sector inmobiliario de Uganda. La decisión ha provocado incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos y las empresas que dependen de estos certificados para transacciones de tierras. Se busca claridad sobre el alcance y la justificación legal de la medida implementada por la ministra.

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