La autoridad de protección de datos holandesa (AP) ha impuesto una multa de 825 millones de euros a Uber debido a prácticas irregulares en el manejo de datos de sus conductores. La investigación reveló que Uber desactivaba las cuentas de los conductores a través de sistemas automatizados sin una revisión humana adecuada. Esta práctica violó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. La AP determinó que Uber procesó datos sensibles de manera injusta y sin transparencia. La multa refleja la gravedad de la infracción y busca asegurar que Uber respete los derechos de sus trabajadores. Uber planea apelar la decisión, argumentando que ha realizado cambios significativos en sus procesos desde la investigación inicial. Se espera que este caso siente un precedente importante en la protección de datos y los derechos laborales en la economía gig.