Un informe reciente revela las consecuencias a largo plazo de las purgas llevadas a cabo en Turquía tras el intento de golpe de estado de 2016. La investigación, basada en encuestas a 1.629 funcionarios públicos despedidos, indica que casi dos tercios de los afectados no han podido encontrar empleo formal registrado en la seguridad social. A pesar de las absoluciones judiciales, muchos continúan sufriendo discriminación y exclusión profesional. El informe, publicado por la Federación Italiana por los Derechos Humanos, denuncia una década de “muerte civil” para estos individuos. La falta de reversibilidad de las consecuencias de las purgas impide su reintegración a la vida laboral y social. El estudio subraya la persistencia de listas negras y la dificultad para superar las sanciones impuestas tras el fallido golpe. La situación plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos fundamentales en Turquía.