Durante décadas, el contrato social en Túnez se basó en el pago de impuestos a cambio de servicios esenciales como educación, salud, transporte y electricidad. Este modelo, aunque con variaciones en la calidad, garantizaba el acceso a estos servicios financiados por el Estado. Sin embargo, este principio fundamental está siendo erosionado por una lenta y forzada privatización de estos bienes públicos. La situación genera preocupación sobre la accesibilidad y la calidad de los servicios para la población tunecina. El artículo destaca que esta transición no es repentina, sino un proceso gradual que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Esta privatización silenciosa plantea interrogantes sobre el futuro del contrato social en Túnez y el papel del Estado en la provisión de servicios básicos.