Dos organizaciones civiles estadounidenses han demandado a la administración Trump, argumentando que las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI) violan las garantías constitucionales de libertad de expresión. La demanda se produce después de que funcionarios estadounidenses iniciaran una campaña diplomática para socavar la CPI. Los demandantes alegan que las sanciones restringen la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para colaborar con investigaciones internacionales de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El gobierno de Trump impuso sanciones a funcionarios de la CPI en respuesta a su investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán. Esta acción ha provocado críticas generalizadas por parte de aliados internacionales y defensores de los derechos humanos. La demanda busca revocar las sanciones y proteger el trabajo de la CPI.