La compañía de agua más grande de Gran Bretaña, Thames Water, podría pasar a control gubernamental debido a objeciones ministeriales a un plan de rescate de 10 mil millones de libras esterlinas. El plan, liderado por los acreedores, está en riesgo de ser rechazado por los reguladores. Esta situación podría llevar a una nacionalización temporal de la empresa, que abastece a 16 millones de personas. Las preocupaciones del gobierno se centran en la posible carga para los consumidores y la protección del medio ambiente, tras años de mala gestión. La viabilidad financiera de Thames Water ha estado en duda debido a sus elevadas deudas. El gobierno busca garantizar el suministro de agua y la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura. La decisión final de los reguladores determinará el futuro de la compañía.