El acuerdo comercial recíproco entre Estados Unidos y Taiwán, junto con su política de "cero tarifas" para el reclutamiento de trabajadores migrantes, está generando tensiones en la industria pesquera taiwanesa. Aunque la intención es proteger a los trabajadores migrantes de prácticas abusivas, la normativa impone una carga financiera considerable a los pequeños armadores. Estos ya se enfrentan a una disminución de las capturas y al aumento de los costes operativos. El artículo analiza cómo estas regulaciones, de aplicación obligatoria, podrían impulsar prácticas ilícitas en lugar de abordar los problemas sistémicos de la cadena de suministro. El estudio destaca el riesgo de que la política, en lugar de resolver el problema de la explotación, termine afectando la viabilidad de la pesca a pequeña escala. Se advierte sobre las consecuencias negativas para un sector ya vulnerable.