El Parlamento sueco ha aprobado dos nuevas leyes que significan un endurecimiento de la política migratoria del país. Una de las leyes facilita la expulsión de extranjeros con antecedentes penales o que representen una amenaza para la seguridad nacional. La otra ley introduce controles más estrictos en las fronteras, incluyendo inspecciones aleatorias en transportes públicos para verificar la documentación de los viajeros. Estas medidas responden a la preocupación del gobierno sueco por el aumento de la delincuencia y la presión sobre los servicios sociales. Los partidos de la coalición gobernante argumentan que las nuevas leyes son necesarias para mantener el orden público y proteger a los ciudadanos suecos. La oposición critica las leyes, alegando que son discriminatorias y violan los derechos humanos. Se espera que las nuevas regulaciones entren en vigor en los próximos meses.