El parlamento sueco ha aprobado una nueva legislación que endurece las condiciones para los inmigrantes. La ley permite revocar permisos de residencia basándose en un concepto amplio y difuso de “buena conducta”. Además, obliga a ciertos funcionarios públicos a denunciar a las autoridades a individuos sospechosos de carecer de documentación legal. La oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la ambigüedad de los criterios y el potencial impacto en los derechos fundamentales. Se teme que la ley pueda generar discriminación y aumentar la vigilancia sobre la población inmigrante. Los críticos argumentan que la definición de “buena conducta” es subjetiva y susceptible de interpretaciones arbitrarias. La nueva normativa ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales en Suecia.