El parlamento sueco ha aprobado una nueva legislación que obliga a las agencias estatales a informar sobre a personas sospechosas de inmigración ilegal. La medida, criticada por defensores de los derechos de los inmigrantes, busca facilitar la identificación y posible deportación de individuos en situación irregular. La ley exige a empleados públicos, como maestros y personal sanitario, que notifiquen a las autoridades su sospecha de que alguien no tiene permiso para estar en el país. Los opositores argumentan que esta normativa fomenta la discriminación y la desconfianza. El gobierno sueco defiende la ley como una herramienta necesaria para controlar la inmigración y garantizar el cumplimiento de las regulaciones. La implementación y el impacto real de la ley aún están por verse, pero ya ha generado un intenso debate público en Suecia. Se espera que la normativa entre en vigor en los próximos meses.