El Tribunal Supremo ha declarado ilegal la cuota de caza de lobos autorizada en 2020 por la Junta Ambiental. La decisión se basa en la omisión de la Junta Ambiental de considerar la Convención de Berna, tratado que ofrecía estricta protección a los lobos en ese momento. El tribunal determinó que la agencia no evaluó adecuadamente el estatus de protección de la especie bajo dicho convenio antes de permitir la caza. Esta falta de consideración constituye un incumplimiento normativo significativo. La sentencia implica la anulación de la orden de caza de 2020. Se espera que esta resolución siente un precedente para futuras decisiones relacionadas con la gestión de especies protegidas. El fallo subraya la importancia de la adhesión a los tratados internacionales en la legislación ambiental nacional.